Los Pachencas ejercen un férreo control
territorial en zona rural de Santa Marta. Esta semana fue asesinado Wilton
Orrego, funcionario de Parques Nacionales Naturales. A principios de enero
mataron a Maritza Quiroz. Varios líderes intentan salir de la zona y 30 más
están amenazados.
Aunque el pacto de paz con los paramilitares
se dio después de 2006, los residuos de quienes reciclaron esa guerra siguen
cobrando la vida de líderes y defensores del territorio y el medioambiente. La
reciente ola de violencia se dio en el arranque de este 2019: Maritza Quiroz,
lideresa y reclamante de tierras, fue asesinada en zona rural de Santa Marta el
pasado 5 de enero, misma suerte que corrió Wilton Orrego, contratista de
Parques Nacionales Naturales, muerto a tiros el 14 del mismo mes en el
corregimiento Guachaca.
El riesgo estaba diagnosticado desde hace un
año. En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida en mayo de
2018, se llamó la atención frente a los riesgos que viven los reclamantes de
tierra, líderes sociales y funcionarios de entidades estatales en la Sierra
Nevada de Santa Marta. Y se hizo énfasis especial en el corregimiento donde fue
ultimado Orrego: Guachaca. “En ese lugar ejerce un férreo control el grupo
paramilitar denominado los Pachencas. Dicho actor armado surgió en 2007, un año
después de la desmovilización del frente Resistencia Tayrona de las
Autodefensas Unidas de Colombia”, dice el documento.
El control de los Pachencas sucede en las 56
veredas que componen dicho corregimiento. Y ha llegado a tal punto que, según
la alerta temprana, dicho actor armado “controla en buena medida las
actividades turísticas”. Además, señala el documento, se habrían hecho al
control del acueducto comunitario por medio de amenazas contra quienes lo
administraban en el pasado.
Una líder social afrodescendiente, quien
intenta salir del territorio por presiones de los armados, desde el anonimato
dijo que el ambiente en toda la sierra, principalmente en la Troncal del
Caribe, es tenso, pues no se sabe qué grupos están presentes. “Dicen que
residuos de paramilitares, bandas a sueldo y hasta la guerrilla del Eln, que
estaría en la región tratando de controlar el territorio y generando zozobra
entre los pobladores”, refirió.
Incluso, la situación es tan compleja, que la
Mesa de Víctimas de Santa Marta no volverá a sesionar hasta que el Estado
garantice la protección de sus líderes. “Hoy en día, después de la muerte de
Maritza Quiroz, la Mesa no volvió a reunirse. Esta semana Pablo Elías González,
director de la Unidad Nacional de Protección estuvo con ellos, pero este
manifestó que el Gobierno le redujo el 40 % del presupuesto, entonces no hay
garantías y todo indica que esta agremiación de organizaciones sociales
víctimas de la guerra se disolvería”, enfatizó la líder, quien insiste en no
revelar su nombre.
Orrego, el contratista de Parques Nacionales,
quien fue sepultado ayer en la Sierra Nevada, había denunciado amenazas tras el
reclamo y defensa de algunos predios que reclama esa entidad estatal para su
protección. No obstante, ahí viven colonos desde hace más de 20 años.
A la fecha, solo en el Distrito de Santa Marta
hay más de 30 líderes de juntas comunales y de organizaciones de víctimas
amenazados por grupos desconocidos. Según lo denunciaron algunos líderes
amenazados en la capital del Magdalena, los paramilitares pertenecientes al
otrora grupo Resistencia Tayrona y al bloque Norte de las Auc, son mandos
medios dueños de la tierra despojada o ejércitos privados de los terratenientes
que se quedaron con esos predios. Así, por ejemplo, en 2017 en el municipio de
Pivijay (Magdalena) fue ultimado el líder de víctimas y reclamante de tierras
José Rafael de La Hoz Villa. De hecho, en el corregimiento donde murió el
contratista de Parques Nacionales, hasta 2017 se habían registrado 247
solicitudes de restitución que abarcaban predios entre 8 y 5.000 hectáreas de
extensión. La Unidad de Restitución de Tierras documentó 41 amenazas contra
reclamantes de predios en Santa Marta.
¿Por qué los Pachencas tienen interés en
Guachaca?
Los Pachencas surgieron como un grupo sucesor
del frente Resistencia Tayrona que operó en el Caribe hasta 2006. Esta última
estructura fue creada por Hernán Giraldo precisamente en el corregimiento de
Guachaca, específicamente en las veredas El Mamey y Machete Pelado. Después de
la desmovilización del frente empezó una disputa entre grupos armados que
intentaban hacerse con el narcotráfico y las extorsiones en la Sierra Nevada.
Quienes se impusieron fueron los Pachencas,
que se dedicaron a controlar el tráfico de drogas, extorsionar y cuidar las
propiedades de los Giraldo. Es tal el temor que infunde el nombre de Hernán
Giraldo, quien fue extraditado a Estados Unidos, que algunos integrantes de
dicho grupo armado lo utilizan para amedrentar diciendo que cuando vuelva al
país tomará represalias.
Pero los Pachencas están interesados en
controlar Guachaca no solo por su vínculo histórico, como ha dicho la
Defensoría del Pueblo, sino porque ese corregimiento es una zona estratégica
para esconder armas y enviar drogas al exterior, a través de los puertos
ubicados en esa región del Caribe. Se dice que dicho lugar es una zona de
retaguardia del grupo armado.
La Defensoría incluso dijo que en la Sierra
Nevada los cultivos de coca “parecen estar creciendo”. Una muestra de ello es
que en enero de 2018 descubrieron un laboratorio de cocaína en Guachaca.
En la alerta temprana se reseñaba el caso de
un predio ubicado en la vereda Perico Aguao, donde fue asesinado Wilton Orrego.
Allí el narcotraficante Wílber Arilio Varela, alias Jabón, tenía una finca
llamada Los Acantilados. A pesar de que Varela fue extraditado, en esa tierra
quedaron seis ocupantes que se negaban a salir, lo cual generaba “conflictos y
tensiones”.
Los factores de riesgo que le costaron la vida
a Orrego persisten. Incluso preocupa que el documento emitido hace casi un año
señalara la posibilidad de que los Pachencas se expandieran hacia los
departamentos de Atlántico, La Guajira y Bolívar. La paz no ha llegado a la
Sierra Nevada, por el contrario, este actor armado parece estar empecinado en
torpedear los procesos que buscan acabar con la confrontación armada en la
región.
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