Periodistas cuyas identidades estaban en manos del Ejército, declaran sentirse amenazados.
En agosto del año pasado, dos militares fueron hasta la sede del medio de comunicación alternativo Rutas del Conflicto a entregar una información solicitada por sus reporteros para una investigación llamada Convenios de Fuerza y Justicia. En esta se registraron los convenios entre algunas empresas y el Ejército para brindarles protección, además de que los dineros se usaron para otros fines como viajes, remodelación de capillas, entre otros.
Una periodista de Rutas del Conflicto que pidió reserva del nombre, le aseveró a EL COLOMBIANO que esa investigación fue la que los puso en el radar de Inteligencia Militar y que llevó a que los integrantes de esta unidad del Ejército realizara una carpeta solo de ellos, con nombres, fuentes, direcciones y sitios a los que frecuentaban.
Al principio uno se asusta, está temeroso y se busca acallar este tipo de investigaciones y de hacer periodismo crítico, pero vamos a seguir investigando, pese a que estas acciones son un tipo de intimidación”, dice la periodista.
Pero Rutas del Conflicto no fue el único medio de comunicación que está en la mira de Inteligencia Militar. Otras 130 personas fueron perfiladas, entre las que se encuentran generales (r), políticos de oposición, exministros, el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, quien ha denunciado las extralimitaciones de la Fuerza Pública y periodistas extranjeros y nacionales como Ignacio Gómez, de Noticias Uno, para quien este tipo de acciones son un ataque directo a la libertad de prensa, cuyo día se conmemora precisamente hoy.
“Esto en el pilar de una democracia es muy grave. Creo que desde el gobierno hemos visto los ataques frecuentes contra el noticiero y contra mi trabajo en especifico, al punto que nos han sacado del canal. El noticiero ha sido objeto de persecuciones como consecuencia de la estigmatización y perfilamiento que el Gobierno ha hecho a través de sus instrumentos”.
El periodista agregó que este tipo de acciones corresponden a un estado autoritario y una ideología autoritaria que está secuestrando la política del país.
Las denuncias de perfilamiento y chuzadas a periodistas desencadenaron una ola de rechazos por lo que este tipo de acciones significa para el ejercicio del periodismo que se define en dos palabras: censura y estigmatización.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, manifestó mediante un comunicado que “el perfilamiento de periodistas por parte del Ejército colombiano es una acción que traspasa los límites y transgrede los fines de la función de inteligencia y contrainteligencia. La denuncia deja en evidencia una extralimitación de funciones que atenta contra el régimen democrático y la deliberación pública”.
Aseveró la FLIP que estos hechos ya eran conocidos por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la actual cúpula militar y la Fiscalía, desde enero de 2020 “y las únicas medidas adelantadas por el Ministerio de Defensa fueron anunciadas pocas horas antes de que la Revista Semana revelara el informe”, agregó la FLIP.
La Defensoría del Pueblo, representada por Carlos Alfonso Negret, también rechazó las acciones de Inteligencia Militar contra la prensa y señaló que es una flagrante violación a los Derechos Humanos y lesionan los principios democráticos sobre los que se asienta el Estado Social de Derecho.
Las denuncias sobre el perfilamiento de periodistas, realizado según la revista Semana con recursos entregados por EE. UU. para la lucha contra grupos armados y narcotráfico, llevó a que desde la cúpula militar se adelantara la investigación ordenada por el presidente Iván Duque, quien ayer envió un mensaje a las Fuerzas Militares, insistiendo en que no se permitirán manzanas podridas en sus filas.
“He dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Pedí adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años”, expresó Duque.
Al respecto, el analista y consultor en defensa, John Marulanda, aseveró que retirar 11 altos mandos militares “despeja dudas sobre los controles ejercidos sobre la actividad de inteligencia y contrainteligencia del Ejército”.
Fuente: ElColombiano
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